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Resolución parlamentaria de unión EU Haití

 Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Haití

( 2021/2694 (RSP) )

El Parlamento Europeo ,

- Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966 relativos a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales, 

 

- Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 

 

- Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

 

- Visto el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1949 y su Protocolo II, que prohíben en particular las ejecuciones sumarias, la violación, el reclutamiento forzoso y otros abusos, 

 

- Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, 

 

- Vistas sus resoluciones anteriores sobre Haití y en particular las de 28 de noviembre de 2019, 8 de febrero de 2018 y 19 de enero de 2011 

 

- Visto el artículo 144 de su reglamento, 

 

A. considerando que en los últimos años se han producido movilizaciones masivas contra el alto costo de vida, el autoritarismo y la corrupción en el país, en particular implicando al presidente Jovenel Moïse;

B. que el gobierno ha respondido a estos movimientos de masas con represión; Considerando que el país está plagado de bandas armadas, violencia e impunidad generalizada; Considerando que la situación se ha deteriorado considerablemente durante los dos últimos años;

vs. Considerando que, desde 2018, las ONG de derechos humanos han registrado, en relación con el desarrollo de bandas armadas, doce masacres, la más mortal de las cuales en noviembre de 2018 ha dejado 71 muertos;

D. considerando que aumenta la represión, aumentan los secuestros atroces o políticos, y que el gobierno mantiene en prisión sin juicio a cualquier opositor a su poder, incluidos los funcionarios públicos que se niegan a cumplir sus órdenes;

MI. Considerando que la inseguridad se ha generalizado y afecta a todos los segmentos de la población; que en un año, según la ONU, el número de secuestros se ha duplicado; Considerando que en los tres primeros meses de 2021, 117 personas fueron asesinadas y 142 secuestradas; que hubo 91 casos de secuestros solo en el mes de abril de 2021; Considerando que los secuestros van acompañados de violencia y violación sistemáticas contra mujeres;

F. Considerando que desde enero de 2020 el presidente ha gobernado por decreto cuando finaliza el mandato de los diputados y senadores (con excepción de 10 de ellos), por no haber organizado elecciones en 2019; considerando que desde el 7 de febrero de 2021, el presidente Jovenel Moïse ha ignorado el fin de su mandato señalado por el Consejo Superior de la Judicatura; que tiene la intención de permanecer en la jefatura de Estado un año más, momento de organizar un referéndum el 27 de junio de 2021 y elecciones presidenciales y legislativas el 19 de septiembre de 2021; que estas acciones, aunque inconstitucionales, fueron posibles gracias al apoyo activo de los Estados Unidos ya la complicidad o indiferencia de las cancillerías occidentales;

GRAMO. Considerando que a principios de febrero de 2021, Jovenel Moïse retiró arbitrariamente a tres jueces del Tribunal de Casación, uno de los cuales fue arrestado y detenido durante unos días en circunstancias que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió como "capaz de ascender a arresto y detención ilegales o arbitrarios ". "; considerando que la destitución de los tres jueces constituye una violación de la Constitución de Haití, que establece que los jueces de la Corte de Casación solo pueden ser objeto de un procedimiento de destitución si la Cámara de Diputados decide, por una votación de las dos terceras partes mayoría, para acusarlos de haber abusado de su autoridad; Considerando que el presidente también ha designado a tres nuevos jueces para el Tribunal de Casación sin seguir los procedimientos previstos por la Constitución.

H. Mientras que el 3 de abril de 2021 (día nacional del movimiento de mujeres haitianas con motivo de la marcha en la que participaron 30.000 mujeres el 3 de abril de 1986), cientos de mujeres haitianas tomaron las calles con motivo del Día Nacional de los Derechos de la Mujer, para decir "No a la dictadura y la inseguridad", no a la violencia continua de la que son blanco y "a denunciar el referéndum y el apoyo de la comunidad internacional al presidente Jovenel Moïse"; considerando que desde el 7 de febrero de 2021 se han producido más movilizaciones para denunciar el mantenimiento en el poder de Jovenel Moïse y contra la celebración del referéndum / elecciones;

I. que no se cumplen las condiciones para la celebración de elecciones transparentes y democráticas; por el carácter unilateral e inconstitucional de su convocatoria por parte de Jovenel Moïse por un lado y el hecho de que la situación de inseguridad generalizada con el control de barrios enteros por bandas armadas, y la instrumentalización por el poder de las instituciones y mecanismos por otro lado hace cualquier ejercicio democrático digno de ese nombre imposible; considerando, por el contrario, el riesgo de avivar aún más las tensiones con la celebración de elecciones realizadas únicamente para asegurar el statu quo y mantener en el poder a una élite de la que él es representante, a pesar del rechazo de una gran parte de la población;

J. considerando los riesgos estratégicos y geopolíticos del mantenimiento en el poder de Jovenel Moïse para las potencias estadounidenses y occidentales;

K. Considerando que Haití sigue siendo el país más pobre del continente americano y el decimoquinto país más pobre del mundo con un PIB per cápita de 697 dólares en 2021, considerando que el país sufre de importantes deficiencias en los servicios esenciales; considerando que la esperanza de vida es de 63.66 años en 2018, considerando que el país se ubica en el lugar 170 de 185 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y tiene un Índice de Desigualdad de Género (Iig) de 0.636, lo que lo ubica en el puesto 152 de 162 países en el Índice de 2019; Considerando que esta situación de pobreza extrema amplifica los efectos devastadores de los peligros naturales que son cada vez más frecuentes; mientras que Haití es uno de los países la mayor parte afectada éstos 20                 últimos años por amenazas climáticas, según el Índice de Riesgo Climático Global 2021; Considerando que Haití es uno de los países más desiguales del planeta, con un coeficiente de Gini de 59,2 en 2014; 

L. Considerando que dos tercios de la población haitiana dependen de la agricultura, la cría y la pesca para su subsistencia; Considerando que Haití es uno de los dieciséis países del mundo con graves problemas alimentarios, siendo considerado por la FAO como el único país de América Latina y el Caribe en una situación de grave inseguridad alimentaria; Considerando que el país se ha enfrentado durante décadas a crisis recurrentes vinculadas a perturbaciones sociopolíticas y sanitarias, pero también a catástrofes naturales y crisis económica; que estas crisis repetitivas han deteriorado gradualmente la seguridad alimentaria del país; Considerando que en 2020, la pandemia de COVID-19 ha contribuido a empeorar la inseguridad alimentaria en Haití, lo que ha provocado que el 42% (4,1 millones) de la población sufra una crisis alimentaria o una emergencia;

Señor. Considerando que el país era autosuficiente desde el punto de vista alimentario en la década de 1980, pero que se convirtió en uno de los primeros clientes del arroz americano, considerando que los productores de arroz haitianos se arruinaron por las importaciones de este arroz subsidiado y que la venta de muslos de pollo de los Estados Unidos ha afectado gravemente a los productores avícolas locales; Considerando que, tras el terremoto de 2010, Monsanto donó 475 toneladas de semillas de maíz híbrido (estéril) a Haití, cuya cosecha los agricultores no pueden utilizar como semilla; Considerando que este proyecto de Monsanto ha sido supervisado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que la obligación de utilizar fertilizantes y productos fitosanitarios para cultivarlos y recomprar las semillas cada año,  que a principios de febrero de 2021, el gobierno expropió por decreto a varios miles de campesinos para destinar unas 25.000 hectáreas de tierra a un proyecto agroindustrial de zona franca;

NO. considerar los precarios derechos económicos, sociales y culturales de la mayor parte de la población como la principal fuente de la crítica situación de los derechos humanos en el país, incluidos los derechos del niño; Considerando que el deterioro de la vida de la mayor parte de la población y la falta de acceso a los servicios básicos, junto con un aumento de las desigualdades, refuerza la vulnerabilidad de los niños y jóvenes que constituyen la mayoría de la población haitiana; Considerando que esta situación se ha agravado aún más durante los dos últimos años;

1. Manifiesta su alarma por las constantes violaciones de los derechos humanos en Haití, la toma de regiones enteras por bandas armadas y las reiteradas denuncias de complicidad de las autoridades públicas en esta violencia;

2. Condena enérgicamente la represión de las protestas pacíficas por parte de las autoridades haitianas, así como el uso de fuerza letal, la detención arbitraria, la intimidación, el acoso y la violencia sexual; insta a las autoridades haitianas a que renuncien inmediatamente al uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos y respeten el derecho de los pueblos a manifestarse libre y pacíficamente;

3. expresa su total solidaridad y apoyo a los movimientos ciudadanos, sindicales y políticos ya todos los sectores de la sociedad haitiana en la lucha por los derechos sociales y fundamentales, la justicia social, las libertades y la democracia en Haití;

4. manifiesta su alarma por las condiciones en las que deberán celebrarse el próximo referéndum y las próximas elecciones y subraya que el ejercicio democrático no puede llevarse a cabo en un clima de violencia, inseguridad y corrupción generalizada; destaca que una gran parte de la población percibe estas elecciones como ilegítimas; por tanto, le preocupa la posible instrumentalización del envío de una misión electoral de la UE allí;

5. Condena enérgicamente cualquier injerencia política de potencias extranjeras, en primer lugar de Estados Unidos, en la vida del país para mantener a toda costa en el poder un gobierno favorable a sus intereses geoestratégicos y los de sus empresas;

6. Destaca que la UE, sus Estados miembros y, en particular, Francia, deben trabajar por un final pacífico del conflicto que atraviesa el país desde hace más de tres años escuchando las voces de los actores y actrices de la sociedad civil haitiana y de apoyar un proceso de transición implementado por organizaciones sociales y de la sociedad civil de Haití;

7. subraya que Haití ha ratificado varios tratados de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le obligan a garantizar la independencia e imparcialidad de su sistema judicial;

8. Destaca que una prioridad absoluta para el ejercicio de la democracia debería ser poner fin a la impunidad generalizada en el país; apoya en este contexto la labor de las organizaciones haitianas para que los responsables de violaciones de derechos humanos, en particular en lo que se refiere a masacres recurrentes y corrupción (en particular, el escándalo del despilfarro de fondos de Petrocaribe en 2019), sean juzgados de manera justa y equitativa

9. insiste face à la grave crise alimentaire, pour qu'une attention spécifique soit accordée à l'aide alimentaire d'urgence, en privilégiant en premier lieu l'achat d'aliments locaux afin que cette aide ne contribue pas à éliminer les paysannes et paysans Del país ; apoya el acceso de los agricultores del país a equipos agrícolas, semillas no modificadas genéticamente y especies y variedades adaptadas al suelo, clima y cultura alimentaria del país, para que el país pueda reiniciar su producción agrícola lo más rápido posible y garantizar su soberanía alimentaria; 

10. manifiesta su preocupación por el hecho de que las ayudas pagadas al país se encuentran en la mayor opacidad y sin control parlamentario; pide la apertura de una investigación sobre la transparencia y eficiencia de la red de distribución de ayudas; pide también una evaluación de la ayuda realmente pagada y su impacto en el país;

11. Pide la cancelación inmediata y definitiva de todas las deudas internacionales de Haití y sus mecanismos (incluido el servicio de la deuda) a instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también a los principales socios comerciales de Haití, como como Estados Unidos y la Unión Europea; recuerda la deuda colonial de 17 a 21 mil millones de dólares que Haití tuvo que pagar para obtener su independencia; pide un mayor apoyo internacional de las antiguas potencias coloniales a Haití.

12. Pide urgentemente a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional que apoyen los programas destinados a erradicar la pobreza y garantizar la escolarización y el acceso a los servicios sociales, en particular en las regiones remotas del país;

13. Acoge con satisfacción la solidaridad internacional desplegada para ayudar a Haití, ante todo, la solidaridad regional con, entre otros, Cuba y Venezuela, que han enviado a cientos de médicos, proporcionado ayuda básica y construido hospitales en Haití y que han permitido a Haití luchar contra el analfabetismo;

14. Subraya el papel de liderazgo de las Naciones Unidas en la coordinación de la ayuda humanitaria internacional e insiste en el hecho de que las autoridades y el pueblo haitiano tienen un papel clave que desempeñar en el establecimiento de estructuras adecuadas para promover la reconstrucción del país; destaca que los agentes humanitarios no deben ocupar el lugar del Estado haitiano y que es urgente actuar finalmente en el desarrollo a largo plazo, en particular para el acceso a la atención médica, el agua potable y el saneamiento;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Consejo de Ministros ACP-UE, a las instituciones de Cariforum, al gobierno y al Parlamento de Haití, así como al Secretario General de las Naciones Unidas.

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